por Jorge Brizuela Cáceres
Hablar de los medios de difusión estatales o públicos en la Argentina es ya un problema, pero hablar de este mismo tema en La Rioja es casi un desafío al entendimiento humano.
El Estado es un conjunto de instituciones de las que todos somos parte: Como contribuyentes, como electores y como ciudadanos. El Gobierno es el conjunto de poderes que administran y regulan el Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, amén de los órganos de contralor, regulación y defensoría, y del Ministerio Público (defensor y fiscal).
Los partidos (el oficialismo y sus opositores) compiten en el sistema democrático para lograr la administración (presidencia, gobernación, intendencias), la representación legislativa (senadores, diputados, concejales), e integrar los órganos de contralor, regulación y defensoría (Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, EUCOP); y el Poder Legislativo elige los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público a propuesta del Poder Ejecutivo o del Consejo de la Magistratura.
Esta lección de Educación Cívica sirve a los fines de entender que Gobierno y Partidos están juntos, pero no deben confundirse. Una cosa es ser propietarios y otra inquilinos. Y los partidos son inquilinos circunstanciales y legítimos del Gobierno, pero no sus dueños, y menos aún dueños del Estado.
¿Cómo deben funcionar los medios de difusión propiedad del Estado y administrados por el Gobierno, en un sistema democrático y republicano? De la misma manera en que todos los bienes y servicios que el Pueblo (esencia del Estado) pone en manos del Gobierno.
Deben ser gratuitos en lo posible (para eso pagamos impuestos, y si no alcanza, pagamos tasas);
Accesibles a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones (debe llegar a todos y todos deben tener la posibilidad de usarlos);
De la mejor calidad posible y en cantidad suficiente (al fin de cuentas, son productos y servicios, y nadie paga por algo que no le sirve o no puede conseguir);
Y deben tener como esencia la utilidad pública (todos los necesitamos, a todos nos interesan y todos tenemos derecho a obtenerlos o usarlos, y el Gobierno está obligado a prestarlos).
¿Podemos decir esto del funcionamiento de Canal 9, Radio La Torre, Radio Nacional, la Agencia TELAM, Canal 7 Argentina y las radios municipales? No, absolutamente no. Gratuitos son, al menos por ahora, excepto la Agencia TELAM que es un engendro solo entendible en un país estatizado.
Llegan a donde pueden, porque generalmente no reciben inversiones interesantes. La calidad es dudosa, por no decir mala, y la cantidad igual que la accesibilidad. Y son de utilidad del Gobierno, o mejor dicho, del partido de gobierno: Transmiten noticias del oficialismo, son órganos de propaganda del partido oficialista, se cercena su acceso a los opositores, no hay control de su administración y políticas. Lo que menos hacen es cumplir su objetivo: “informar, educar y entretener”.
Ojo, no acuso gratuitamente a los comunicadores que allí se desempeñan de ser todos absolutamente oficialistas. Yo también fui parte y sé de las limitaciones técnicas, intelectuales y éticas que todos sufrimos. Pero también es innegable que esto debe cambiar, porque de una u otra manera, en medios públicos y privados, todos somos empleados de la gente, pueblo o público. Y de nosotros, los comunicadores, también debemos hablar... En otra oportunidad.-
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